Izquierda Republicana Sevilla

Más de una decena de heridos y un muerto (Luis Conde, 46 años), en atentados ocurridos en Ondarroa, Vitoria y Santoña, es el triste balance de una nueva acción criminal de la banda terrorista ETA durante este fin de semana.

Ningún planteamiento de debate estrictamente político y democrático, como es el intento de plantear por parte del gobierno vasco una consulta ciudadana relacionada con un horizonte autodeterminista, ninguna acción judicial atenida a las leyes democráticas vigentes que la sustentan sobre legalidad o ilegalidad de formaciones políticas, en este caso ANV y PCTV, pueden ser consideradas como corresponsables de tales iniciativas y actividades criminales.

Hacerlo es desvincular a ETA de su ser criminal, única consideración que debe tener, vinculándola al debate político y la acción judicial democráticos, cosa que, amén de insensata, da consistencia a los que fomentan y apoyan tal organización asesina en su objetivo de sembrar discordia y terror.

Nuestra sincera y solidaria condolencia a los heridos y a los familiares, tanto de estos como del fallecido Luis Conde.

Cuatro días se ha tomado el Tribunal Constitucional para deliberar si la consulta propuesta por el gobierno vasco a la sociedad vasca era o no legal. Lo cual implica una pérdida de tiempo, pues hasta un niño de seis años que sepa leer, concluiría en unos minutos que no, dado que cualquier consulta de este tipo requiere por ordenamiento constitucional la autorización del Estado central (artículo 149.1.32) y, como sabemos desde hace mucho tiempo, no era el caso.

Es suponible que se ha tratado más bien de una escenificación de funcionamiento institucional de cara a la galería, estética vaya, para dar una especie de consistencia democrática a algo que vuelve a cuestionar la Constitución Española, lo que, por cerrazón, interés o pusilanimidad de nuestros políticos del bipartidismo no ha lugar.

Lo cierto es que si la realización autónoma (Euskadi en este caso) de una consulta popular por el ejecutivo vasco, y de carácter político para que se exprese la voluntad general ciudadana, la misma que le permite gobernar con sus votos, se puede considerar inconstitucional, estamos ante una obstaculización del ejercicio de la soberanía popular, principio básico de la democracia.

Eso quiere decir que, si algo es democrático pero no es constitucional, necesariamente la Constitución ha de ser revisada y modificada.

Como sí es constitucional pero no es democrático, que la Jefatura del Estado posea carácter vitalicio y hereditario, y se sustraiga al ejercicio de la soberanía popular. O bien, como ha ocurrido en estos días, con la “elección” de los miembros del CGPJ, hayamos asistido de nuevo a la aniquilación constitucionalmente consentida de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), división que, en democracia, significa que todos y cada uno de los representantes de estos poderes , deben proceder directamente de la voluntad general ciudadana, como manifestación del ejercicio de la soberanía popular, sin quedar supeditado un poder al interés o voluntad de otro.

En fin, como decíamos, una victoria del ordenamiento constitucional, pero un atropello democrático. Un motivo más para mantener nuestra lucha por una democracia real (radical) y un Estado republicano y federal.

Izquierda Republicana estima que Garzón debe declararse competente en la denuncia por desaparecidos del franquismo

Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo

Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.

Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.

La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.

Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.

Precedente reciente en la Audiencia Nacional

Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.

Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana

El Proceso de Bolonia, la proliferación de “universidades” privadas al servicio de intereses ideológicos y económicos de las entidades que las sostienen, y la incorporación del devenir universitario español al nuevo ministerio de Ciencia e Innovación, eliminándolo de Educación, así como la atribución de poder decisivo en cuestiones como la selección del profesorado o la aprobación de presupuestos económicos para las universidades a organismos dominados por sectores con claros intereses privados (ANECA, Consejo Social), tal y como establece la LOU, son algunos elementos que significan la progresiva privatización y, por ende, perversión de la Universidad, donde los objetivos de transmisión objetiva del conocimiento y la praxis adjunta, o la formación de profesionales críticos para la sociedad según cánones estrictamente científico – tecnológicos y humanísticos, deriva hacia la formación sesgada y utilitarista para el interés o beneficio de mandatos o imperativos a la carta, según la perspectiva empresarial o ideológica que subyazca en cada caso.

El siguiente artículo, publicado en el diario La República recientemente, delimita de forma comprensible el actual estado de cosas y las previsibles consecuencias si no se frena este proceso de involución social.

Bolonia: una privatización sensu estricto de la Universidad

Por Patricia García y Manuel M. Navarrete para laRepública.es

Mucho se ha discutido sobre si procede o no hablar de privatización para referirse al proceso de cambio que está viviendo la educación superior europea. Por un lado están quienes afirman que el Proceso de Bolonia es un proceso separado de la privatización de servicios públicos a la que asistimos en los últimos años; y por otro, quienes denunciamos la relación entre ambas realidades.

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