Izquierda Republicana Sevilla

El sector energético eléctrico es uno de los pilares fundamentales que sostienen el desarrollo económico de un país. Es también evidente que el kw/h es un producto de primera necesidad o básico, empezando por el ámbito doméstico, en las sociedades occidentales. Por ello, es responsabilidad de todo gobierno garantizar un suministro eléctrico en las mejores condiciones posibles para el ciudadano.

Los gobiernos de Alemania, Francia e Italia, los motores de la Europa Comunitaria, han optado por el control directo de la producción energética. Sus principales compañías eléctricas son de capital estatal y están blindadas por ley contra injerencias extranjeras.

En España, por el contrario, el sector eléctrico está liberalizado y cualquiera puede hacerse con un buen trozo del pastel eléctrico; basta con tener algunos miles de millones de euros. Hemos vivido un ejemplo reciente hace un año: las estatales E.ON (alemana) y ENEL (italiana) pugnaron por un pedazo de ENDESA, y finalmente fue ENEL la que salió victoriosa. Y en estos momentos asistimos a otro embate, tal vez de mayor relevancia: el gigante estatal francés EDF quiere hacerse con un buen trozo de Iberdrola, la mayor eléctrica española.

Iberdrola, la primera española del sector por capitalización bursátil, ha logrado un beneficio neto en el primer trimestre del año de 1.204 millones de euros, cifra que casi triplica los 458 millones logrados en el mismo periodo de 2007 gracias a la incorporación de Scottish Power y la buena evolución de su filial de renovables (1).

Los beneficios de las compañías eléctricas españolas no han dejado de multiplicarse en los últimos años. En el anterior debate sobre tarifas eléctricas para el año 2007, podíamos leer que “el fuerte incremento de los beneficios del sector eléctrico anticipa un intenso debate sobre las tarifas de 2007. De aquí a finales de diciembre, los empresarios negociarán con el Ministerio de Industria la revisión del recibo de la luz. Endesa acude a la cita con un beneficio neto acumulado de 2.508 millones de euros entre enero y septiembre, un 61% más que en el mismo periodo del año anterior. El de Iberdrola asciende a 1.236 millones, un 25,7% superior. Y los analistas esperan otro incremento robusto de las ganancias de Unión Fenosa, que presenta sus resultados en noviembre. Las tres compañías acaparan el 90% del mercado español del kilovatio. Y las tres aseveran que la subida de la electricidad en 2006 (un 5,9%) sigue sin reflejar el aumento de los costes de producción. Dicho de otro modo, a su juicio, la luz debería encarecerse por encima de esta cota a partir de enero” (2).

Ahora se nos anuncia un aumento medio y aproximado del 11% para el mes de julio como muy tarde de las tarifas eléctricas, aduciendo que así reflejarán el aumento real en los costes de producción.

O sea que, de nuevo, las variaciones al alza del mercado, en este caso energético y eléctrico, deben ser costeadas por la ciudadanía. Mientras:

• El oligopolio privado eléctrico español recauda millonarios beneficios, cuya rentabilidad social deja mucho que desear: ¿qué decir de los apagones últimos en Cataluña? ¿O del alquiler multimillonario de contadores obsoletos sin revisar convenientemente?
• La rebaja del impuesto de sociedades a partir de este enero supone pingües beneficios para el sector, que se sumarán a los ya de por sí cuantiosos y crecientes
• Una vez más, esta subida anunciada nos sitúa en la injusta acción del gobierno de turno, de obligar o permitir (o sea, por acción u omisión), vía impuestos, vía tarifas, la recaudación económica igual para todos, aunque la desigualdad de rentas y patrimonios sea cada vez mayor en beneficio de unos pocos y perjuicio de muchos
• A la vez, se seduce a la opinión pública y se desprecia a la inteligencia ciudadana, con devoluciones fiscales (los famosos 400 euros) que deberían ser invertidas en mejora y bienestar social (que lejos de sobrar faltan), y se anuncian nuevas rebajas de los impuestos directos (justo los que permiten una recaudación justa en correspondencia con renta y patrimonio)

Basta ya… ¿Para cuándo un gobierno de izquierda?

Nuestra es la palabra, la acción – movilización y, por supuesto, nuestro es el voto.

• Enlaces relacionados:
  • (1) El País «Galán asegura un “papel determinante” para Iberdrola en el mercado internacional»
  • (2) El Mundo «Las eléctricas piden una fuerte subida de tarifas pese a que sus beneficios crecen entre el 25% y el 61%»

Hace poco nos posicionábamos ante el anuncio de subida de tarifas eléctricas, hoy ya una realidad.

Greenpeace ha publicado un interesante artículo que contribuimos a difundir desde nuestro acuerdo con el contenido de éste.

Las tarifas eléctricas esconden escandalosas subvenciones: a las nucleares y a las industrias que más energía derrochan.

Los ecologistas apoyan las tarifas progresivas propuestas por el Gobierno para promover la eficiencia energética.

España — Greenpeace presenta hoy, en el Consejo Consultivo de Electricidad , sus observaciones a las tarifas eléctricas propuestas por el Ministerio de Industria. Las tarifas eléctricas deben ser transparentes y transmitir fielmente el verdadero coste de la energía. Esto no significa que deban ser necesariamente más caras para todos, pues antes hay que eliminar las subvenciones a las empresas que más energía gastan y a las que generan electricidad en centrales nucleares.

Greenpeace denuncia que las tarifas eléctricas actuales esconden escandalosas subvenciones que pagan los consumidores:

• Hacia las grandes compañías eléctricas. Un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) pone en evidencia, por primera vez, que los precios del mercado eléctrico superan los costes reales en 1.500 millones de euros, según estima la propia CNE. Esta “brecha” beneficia de forma desproporcionada a las centrales nucleares y a las grandes hidráulicas. Greenpeace propone que la CNE elabore un análisis más detallado de los costes de todas las tecnologías de generación eléctrica, incluidos los costes ambientales, para proponer las reformas legales necesarias que impidan la obtención de beneficios injustificados por parte de las empresas eléctricas.
• Hacia las energías sucias. Según la organización ecologista, quienes generan los residuos radiactivos (las centrales nucleares) deberían pagar lo que cueste gestionarlos, y no sólo durante el tiempo en que se estén produciendo los residuos (el tiempo de operación de las centrales), sino durante todo el tiempo en que los residuos tengan un nivel de radiactividad peligroso para el entorno. Greenpeace propone incrementar la asignación de eficiencia energética en un 85% mediante la eliminación de las partidas destinadas a las subvenciones de la energía sucia, tales como el Plan de viabilidad de ELCOGAS, el Incentivo al consumo del carbón autóctono, la Moratoria Nuclear y la 2a parte del ciclo de combustible nuclear.
• Hacia las empresas que más energía gastan (tarifa G4). Cinco empresas, que consumen cerca del 4% de toda la energía demandada por los 27.551.929 consumidores que hay en España, pagarán por cada kWh consumido 1,5 céntimos, mientras que los consumidores acogidos a la Tarifa Social (que podrían ser unos 4,5 millones de hogares) pagarán cerca de 11 céntimos, es decir, más de siete veces más. Greenpeace propone eliminar ya la tarifa G4.

Es indignante que se mire con lupa a las energías renovables, que tienen que justificar con detalle las primas que reciben, mientras se pasa por alto a las nucleares, grandes hidráulicas y térmicas que se llevan beneficios gigantescos a cambio de nada, ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España. Y es inaceptable que, mientras a la mayoría de los consumidores se les trata de incentivar a un consumo responsable, se les obligue a seguir subvencionando la electricidad a las cinco empresas que más energía gastan

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Migrar no es delito, y menos una situación penal ni a gestionar mediante la represión de los individuos.

Mientras, la Unión Europa, dispuesta a penar y reprimir la inmigración transgrediendo los derechos humanos de carácter universal, mediante desiguales e injustas leyes de excepción con relación a su ciudadanía nata, no reconoce su participación activa y pasiva en la profundización y perpetuación de la miseria de los pueblos que, principalmente a ello debido, se ven obligados a plantear la emigración como única y arriesgada salida.

También pasó en España, no se inventó ayer la migración por necesidad. Pero, a diferencia, hoy se la quiere criminalizar “legalmente”.

Nos hacemos eco de la siguiente reflexión y convocatoria, uniendo nuestra voz al primero y nuestra llamada a la participación en la segunda:

La directiva de retorno y las políticas europeas de inmigración

En estas últimas semanas está habiendo mucho debate sobre las políticas europeas de inmigración, y no es para menos. Para empezar, en Italia, el nuevo Gobierno de Silvio Berlusconi ha dado prioridad a la lucha contra la inmigración como medida por la seguridad ciudadana, identificando ambas cosas y, a pesar de sus contradictorias declaraciones posteriores, ahora queda en manos del Parlamento la aprobación de esta medida que defiende la Liga Norte , el partido del ministro de Interior, Roberto Maroni, quien ha ultimado un paquete de medidas que consisten, básicamente, en convertir la inmigración clandestina en delito penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel.

En Francia, supuestamente tierra de asilo y cuna de los Derechos Humanos, la cuestión de la inmigración lleva años en el centro de la vida política francesa y en el 2007, N. Sarkozy se hizo elegir Presidente creando un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional, el Co-desarrollo y la Integración, voceando la puesta en práctica de una política de inmigración elegida y no sufrida, adoptando las tesis y maneras del ultraderechista Frente Nacional, lo que ha supuesto fijar cuotas de expulsión de inmigrantes (25.000 en 2007 y 26.000 en 2008), negándose a la regularización de los mismos y violando constantemente los derechos fundamentales de las personas migrantes “indeseables”.

Alemania, por su parte, cuenta con una de las normativas más estrictas al respecto dentro de la UE, ya que la Ley permite retener a un extranjero bajo arresto preventivo durante seis semanas y un arresto cautelar de seis meses que puede prolongarse otros doce más, de forma que un inmigrante irregular puede pasarse hasta 18 meses encerrado en espera de expulsión. Y tanto el arresto preventivo como el cautelar pueden aplicarse a menores de edad.

En el Reino Unido, donde la retención de los extranjeros indocumentados es ilimitada, la cosa está igualmente cada vez peor. El Gobierno británico lleva años endureciendo su política contra los inmigrantes y no ha dejado de legislar para reducir su entrada, que ahora es muy difícil para los de fuera de la UE. Además, el actual primer ministro Gordon Brown ha anunciado que los inmigrantes sólo tendrán pleno derecho a ayudas sociales al adoptar la ciudadanía británica, lo que exige al menos dos años de residencia a los familiares de un británico y cinco años a los demás.

¿Y en España?. Aquí tampoco se quiere hablar ya de la regularización de nuestros inmigrantes que están trabajando sin autorización oficial, el Gobierne prefiere mantenerles en la economía sumergida y, al igual que en esos otros países de la UE, el ministro de Inmigración y Trabajo, Sr. Corbacho, promete mano dura y combatir la inmigración ilegal, a la vez que Rubalcaba propone aumentar el periodo de detención de los inmigrantes irregulares, la construcción de más Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), un incremento exponencial de las expulsiones y una mayor militarización de las fronteras.

Consecuencias de esas políticas de cierre de fronteras que ha convertido al llamado Viejo Continente en la actual Europa Fortaleza, son las peores condiciones del proceso migratorio de los inmigrantes, con miles de muertes, sobreexplotación laboral y la existencia en la UE de más de 160 Centros de Internamiento, en los que más de 25.000 inmigrantes sin papeles viven en peores condiciones de vida que en las cárceles, según un reciente estudio del propio Parlamento Europeo.

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La Plataforma Laica D’Asturies, en la que se encuentran nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Republicana en Asturias, moviliza a los asturianos y asturianas a una acción de objeción fiscal frente a la financiación con el dinero público (de todos y todas) de una organización privada, en este caso detrayendo de la cuota íntegra (dinero del Estado, o sea general) el 0,7%, a partir de la voluntad de personas privadas para ser entregado a la iglesia católica.

“No es cuestión de estar en contra de que el Estado dedique el 0,7% de sus ingresos a gastos de carácter social y ayuda humanitaria, pero sí de que cada persona decida sobre el dinero de los demás. Y que esto se aproveche engañosamente para financiar a una confesión religiosa en particular como es la Iglesia Católica.

En tanto esto se mantenga y como protesta contra los gastos religiosos del estado, esta Campaña está orientada a que cada contribuyente que lo desee solicite la devolución del 0,7% de la cuota íntegra de su declaración, porque si se trata de un dinero sobre el que cada persona en particular puede decidir que hacer con él, pues la mejor manera de que esto se lleve a cabo lógicamente es que sea reembolsado a cada persona en particular.”

Con este motivo editan una instancia para uso público en general.

Felicitamos esta idea… y tomamos nota.

Fotografía del artículo

Puesto que el republicanismo es algo que se vive y construye en el día a día, este año, a diferencia de ediciones anteriores, las organizaciones que conformamos la Plataforma Sevilla por la República hemos acordado extender nuestras actividades republicanas más allá del mes de Abril (efeméride de la proclamación de la II República); de esta manera en la reunión celebrada la semana pasada se decidió organizar en los próximos meses, entre otras, las siguientes actividades (conforme se vayan cerrando todos los detalles, os iremos proporcionando toda la información por medio de estas mismas líneas):

• Creación de una página web de la Plataforma; de ello se encarga directamente nuestra Agrupación
• Marcha republicana en bicicleta
• Recorrido por lugares dónde se produjeron hechos destacados durante el golpe de estado del 18 de julio de 1936